El reciente debate en torno a la posible repatriación de Ismael ‘El Mayo’ Zambada ha abierto un escenario jurídico y diplomático complejo. La extradición de nacionales a Estados Unidos para ser juzgados por delitos relacionados con el narcotráfico no es un fenómeno nuevo en México. Sin embargo, el caso de Zambada genera interrogantes sobre el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos y el precedente que se establecería si su captura y entrega se realizara fuera del marco legal correspondiente.
A pesar de la gravedad de los delitos que se le atribuyen, Zambada, al igual que cualquier otro ciudadano mexicano, cuenta con derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales. Entre ellos se encuentra la prohibición de extraditar a nacionales cuando la pena que enfrentarían en el extranjero pueda incluir la pena de muerte o cadenas perpetuas sin posibilidad de reducción. Además, el debido proceso debe garantizarse en todo momento, ya que nadie puede ser privado de la libertad sin un juicio previo ante tribunales legalmente constituidos. Cualquier acto que implique la extracción forzada de un ciudadano sin un proceso de extradición viola la seguridad jurídica y la protección consular establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Un antecedente preocupante es el caso de Humberto Álvarez Machaín, médico mexicano secuestrado en Guadalajara en 1990 y trasladado ilegalmente a Estados Unidos para ser juzgado por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. El caso llegó hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos en la resolución United States v. Alvarez-Machain (1992), donde se determinó que su captura y traslado, aunque ilegal bajo el derecho internacional, no impedía que fuese juzgado en Estados Unidos. Esta decisión causó una crisis diplomática y llevó al gobierno mexicano a endurecer sus políticas sobre extradición de ciudadanos. Finalmente, Álvarez Machaín fue absuelto por falta de pruebas, pero su caso sentó un peligroso precedente.
Si el Estado Mexicano permitiera la entrega ilegal de un ciudadano sin seguir el procedimiento de extradición, se abriría una puerta sumamente riesgosa con implicaciones graves para la soberanía nacional. Esto debilitaría la supremacía de la Constitución y pondría en entredicho los tratados de cooperación internacional en materia de extradición. Además, establecería un precedente que otras naciones podrían usar para justificar acciones similares y generaría fricciones diplomáticas con posibles represalias.
El caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada representa un desafío tanto para el gobierno mexicano como para el sistema judicial. Si bien existe un fuerte interés por parte de Estados Unidos en juzgarlo, México debe apegarse estrictamente a su marco jurídico y no permitir precedentes que vulneren los derechos fundamentales de sus ciudadanos y la soberanía nacional. La única vía legítima para que un ciudadano mexicano enfrente a la justicia en otro país es a través de un procedimiento de extradición que garantice el respeto a sus derechos y la legalidad del proceso. Cualquier otra vía, incluida la extracción ilegal, no solo sería una afrenta al derecho internacional, sino una amenaza directa a la integridad del Estado de Derecho en México.
Nota de Opinión: Lo correcto es que Ismael ‘El Mayo’ Zambada enfrente un procedimiento legal en Estados Unidos por los delitos que se le imputan. Sin embargo, este debe realizarse respetando la soberanía de México y los derechos constitucionales de cualquier ciudadano mexicano, garantizando que su extradición se lleve a cabo conforme a la ley y sin vulnerar las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales.
